Venezuela es el quinto país del mundo con la peor crisis global a largo plazo – SuNoticiero
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Venezuela es el quinto país del mundo con la peor crisis global a largo plazo

Montado sobre una de las más severas crisis política, institucionales y económicas que ha padecido Venezuela, Nicolás Maduro busca una vía para hacer posible la supervivencia del gobierno bajo su gestión, pero las acciones extremas que se ejecutan desde la cúpula, se contraponen a ese objetivo, como intentar legitimar al Parlamento con un proceso electoral.

El mismo Maduro pone las trabas para que un proceso como ese sea aceptado internacionalmente; que abra el camino a gran parte de los actores políticos que se le oponen y que convoque a la masa de venezolanos que hoy están padeciendo las consecuencias de sus políticas y que las ha empujado a una situación de extrema pobreza, publicó El Estímulo.

Hasta el reciente informe de la ONU condenó las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de elegir un nuevo ente electoral, sin la participación de la Asamblea nacional y el consenso de todos los sectores políticos.

Siete años de crisis

“Bajo la conducción de Maduro, desde 2013, comenzó una escalada violenta de los cuerpos policiales, militares y civiles armados contra manifestantes pacíficos y líderes políticos que han consolidado un sistema represivo causante de miles de detenciones arbitrarias, casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, que persisten y siguen impunes”. Así lo precisa el reciente informe “Patrones de violaciones del derecho a la defensa de los derechos Humanos” elaborado en forma conjunta por 44 organizaciones de la sociedad civil venezolana de 15 estados que se dedican a la defensa de los DDHH en las diversas áreas.

Indica el informe que, como producto de la ausencia de Estado de Derecho, el control absoluto sobre las instituciones, la censura y el cierre de medios, la gran corrupción y la violencia política, en 2016 sobreviene una devastadora caída y crisis de las capacidades económicas, sociales y sanitarias del país, que por sus orígenes políticos se conoce internacionalmente como una “Emergencia Humanitaria Compleja” (EHC).

Hasta 2019, indica el estudio, el Estado venezolano acumulaba más de 1.500 observaciones de los sistemas de protección internacional para corregir o enmendar sus políticas ante el creciente deterioro de los derechos humanos, la mayoría emitidas entre 2011 y 2017 luego de su revisión en seis exámenes de tratados internacionales y dos ciclos del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (ONU).

En 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicó el informe sobre el considerable descenso de las garantías a los derechos humanos en Venezuela. Ese año el Consejo de Derechos Humanos dictó resolución en la que se dio mandato a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) para continuar el seguimiento a los derechos humanos en Venezuela.

“Debido a la prolongación de la Emergencia Humanitaria Compleja y a la falta de protección y asistencia humanitaria, Venezuela ocupa hoy el quinto lugar entre las crisis de largo plazo a nivel global más agravadas en los últimos 10  años. Desde 2018 es el país con el mayor éxodo de refugiados y migrantes de América Latina y el Caribe en su historia moderna y hasta ese año el país concentraba 33% de la población en pobreza extrema de la región, la cual seguía en ascenso por la profunda recesión económica. En 2020, la situación en Venezuela es considerada la cuarta crisis alimentaria del mundo y se encuentra entre los 20 países con las más bajas capacidades de seguridad y prestación sanitaria para prevenir, detectar y responder a brotes importantes de enfermedades infecciosas”, refiere el Informe.

La pandemia complica la crisis

El informe de las ONG destaca que con la llegada de la pandemia de la COVID-19, en marzo del año 2020, el gobierno decretó un “estado de alarma” y ordenó una “cuarentena social y colectiva” a nivel nacional, bajo controles centralizados y al mando de las fuerzas militares, policiales y otros agentes no estatales.

Con esta medida se suspendieron la mayoría de las actividades económicas y sociales y las reuniones públicas; se restringió el tránsito terrestre y aéreo, se bloqueó el paso entre municipios y ciudades; se limitó la circulación a ciertos horarios; se prohibió la venta de gasolina a particulares con excepción de algunos sectores; se dictaron toques de queda y se estableció un plan de emergencia sanitaria para reducir la transmisión del virus.

La situación en la pandemia ha exacerbado la precaria situación y crisis económica de millones de personas que perdieron sus medios de vida y cuyos ingresos son extremadamente insuficientes para comprar alimentos a precios dolarizados por una hiperinflación sostenida durante más de 3 años y la cual ha destruido el valor de la moneda nacional.

Por otra parte, un sistema de salud público gravemente afectado en sus capacidades para prestar servicios y con elevadas carencias de materiales, insumos, medicinas y equipos no garantiza atención adecuada a las personas afectadas por la COVID-19 ni a un gran número de personas que ya tenía muy poco acceso al sistema.

Adicionalmente, la falta de combustible y transporte, así como las fallas recurrentes de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones durante los meses de la pandemia han limitado aún más las labores humanitarias de las organizaciones nacionales e internacionales que protegen y asisten a un número significativo de grupos de población vulnerables.

En estas circunstancias de gran adversidad y pese a todos los esfuerzos internacionales para apoyar en la protección de la población venezolana, las violaciones de derechos humanos y los profundos impactos de la “Emergencia Humanitaria Compleja” persisten actualmente; así como la política de criminalización y represión contra las libertades civiles y políticas y la defensa de los derechos humanos, concluye el informe de las organizaciones de defensa de DDHH.

Los suicidios ponen otro alerta

Un amplio trabajo de investigación coordinado por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en conjunto con investigadores en el área social y psicológica en Venezuela, alerta sobre el incremento de los suicidios en Venezuela a partir del año 2015, según el cual, las cifras de “muertes autoinfringidas” se han triplicado a partir de ese año.

El estudio considera que “el agravamiento de la crisis en Venezuela, caracterizada por el aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria, riesgo de muerte y retroceso de la sobrevivencia, incremento elevado de la hiperinflación, cierre de empresas, destrucción del empleo y caída de la producción nacional, aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana, la migración forzada, entre otros, parecen ser factores de mayor peso que podrían explicar la tendencia al aumento de la tasa de suicidios en Venezuela. Son factores que han actuado como detonantes de los sentimientos negativos que llevaron a muchos venezolanos a tomar la lamentable decisión de quitarse la vida”.

“La depresión y la ansiedad, trastornos detonados por la crisis actual, son las principales causas presuntas de suicidios”, señalan. 59% de los casos estudiados en el estado Mérida tuvieron como móvil la depresión.

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Un dato que resalta el estudio de los equipos de investigación es que entre el primero de enero y el 29 de junio de este año, se han registrado 94 suicidios. La tendencia se disparó a partir de la crisis de abril con un salto de 14 a 36 casos en mayo. Entre estos casos destaca el de 4 niños en distintas regiones del país.

La psicóloga Yorelis Acosta, una de las investigadoras, sostiene que en algunas regiones, en las que ha asistido a familias o grupos afectados por situaciones de suicidio, se ha encontrado con inconvenientes en algunos organismos para acceder a la data de estos casos; por lo cual la cifra de estas muertes podrían ser superiores a las localizadas por los equipos de investigación.

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